El ciudadano-bibliotecario

Un foro para la reflexión y el diálogo sobre temas relacionados con las bibliotecas y la lectura, con un espacio para la literatura."La Biblioteca es el hospital del alma" (en "Memorias de Adriano", de Marguerite Yourcenar)

VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2011

Cómo defender los derechos de autor en Internet: alternativas

Desde hace unos quince años, conforme ha ido aumentando el ancho de banda, la aparición de Internet ha cambiado paulatinamente el panorama de la industria artística, afectando en un principio a la música, más tarde al cine y a los videojuegos, y más recientemente al mundo del libro. Internet se ha mostrado como una vía paralela a las tradicionales, con un enorme potencial, hasta el punto de distorsionar el mercado, debido a su ilimitada capacidad de difusión.

Internet está obligando a la industria artística a cambiar, está removiendo todos sus cimientos. Por ejemplo, no parece de recibo pedir por la compra de una película on line lo mismo que por la compra del material físico, ya que muchos gastos de intermediación y de producción desaparecen. Por otro lado, la mayoría de los precios de discos musicales o películas, así como de otros materiales, resulta excesivo.

Al mismo tiempo, tampoco parece aceptable un mundo en el que los autores y los intermediarios, que hacen posible que lleguen a nuestro conocimiento las obras de los primeros, no cobren un euro. Los escritores, los cámaras, los actores, los técnicos de sonido, los traductores, etc., etc., no viven del aire. Han de tener su justa remuneración, y así hemos de entenderlo, porque no puede ser de otra manera. No es viable un mundo del arte en el que todo el mundo descargue las obras gratuitamente. Al menos no con escritores, músicos o directores de cine profesionales.

El texto que quiero comentar nos ofrece una visión sobre los polémicos derechos de autor y derechos de copia. Que no son lo mismo. Los primeros se refieren a los aspectos morales del autor (reconocimiento de la autoría, que no se pueda modificar su obra salvo permiso expreso del autor, etc.). Los segundos (también llamados derechos de explotación) se refieren a los aspectos patrimoniales, vinculados directamente con la obra (derechos de reproducción, de comunicación pública, de distribución, de transformación). A éstos hay que añadir los derechos conexos, que remuneran la intervención creativa de actores, organismos de radiodifusión, etc.

Con esta esencial distinción comienza el artículo. A continuación, se habla de las opciones que tienen los autores para defender sus derechos: por un lado la gestión colectiva (a través de la afiliación a una entidad gestora de los derechos de autor); por otro lado la auto-gestión. En ambos casos, se requiere la prueba de autoría, que demuestra que realmente eres el autor de la obra que reclamas como tuya.

Desde su génesis, cualquier obra está sujeta a los derechos de autor. Pero para que esté mejor protegida de un uso ilícito, la mejor prueba de autoría es la inscripción en un registro de propiedad intelectual, que suelen ser dependientes de los gobiernos de cada pais o de sus legislaciones.

Como aparece en el artículo, muchos registros de propiedad intelectual (caso de España) permiten la inscripción en línea, pero tienen limitaciones, por ejemplo la imposibilidad del registro automático de fotos colgadas en portales como Flickr, o de los casos en que no se quieren reservar todos los derechos.

Otra manera de aportar nuestra prueba de autoría es consiguiendo una licencia Creative Commons. Son ampliamente conocidas (aunque sea de vista), por la mayoría de gente que nos movemos por Internet. Se caracterizan por determinar que no todos los derechos están reservados, sino sólo algunos. Hay diferentes licencias que nos permiten acotar que ha de reconocerse la autoría, o que no debe hacerse uso comercial de la obra.

En principio, las licencias CC son ideales para facilitar la difusión libre de la información y de la cultura, especialmente de artículos de blogs, fotografías, etc.

Pero como explican los autores, las licencias CC tienen algunos importantes inconvenientes. Aunque están diseñadas para ser compatibles con los derechos de autor y el copyright, la cesión gratuita de algunos derechos que implican las licencias CC, no tiene cabida en la gestión colectiva.

Por otro lado, los titulares de derechos tienen muy difícil establecer cómo quieren recibir una remuneración económica en función del uso que se haga de sus obras.

Además, las licencias CC confieren derechos perpetuos, mientras no se modifiquen los derechos de autor de una obra determinada. Con lo que si se produce una modificación posterior, será complicado demostrar que una persona ha hecho un uso ilícito de la obra. Como también tendrá difícil esa misma persona demostrar que distribuyó (por poner un ejemplo de uso) la obra antes de la modificación de los derechos de autor.

Como podéis observar, las licencias CC tienen muchos inconvenientes en el ámbito de la inseguridad jurídica del titular de derechos.

Otro medio para registrar los derechos de autor es a través de Safe Creative, que utiliza técnicas de firma digital y está avalado por el Ministerio de Industria (Mityc). Parece ser una buena opción, aunque no exenta de problemas. Ofrece diferentes plantillas para determinar el tipo de licencia que queremos para nuestra obra (incluyendo CC y GNU), incluso permite poner nuestro propio texto o cláusulas adicionales (para lo que realmente tendremos que saber muy bien lo que ponemos).

Ofrece una API para que terceros accedan a los servicios de Safe Creative desde su propia aplicación.

Por último, es incompatible con la gestión colectiva si se elige una licencia CC o GNU. En caso de reservarse todos los derechos, no hay ningún problema con la gestión colectiva.

Además, existen portales especializados como YouLicense (para música) y Getty Images (para imágenes), donde licenciar nuestras obras, establecer una remuneración por su uso e, incluso, recibir ofertas por personas o empresas interesadas. Las licencias obtenidas en estos portales no son incompatibles con la gestión colectiva.

Posteriormente, los autores proponen cuáles deberían ser las líneas maestras de una plataforma de licenciamiento. Resumidamente serían las siguientes:

-Existencia del lenguaje xml firmado digitalmente (que viene a ser la firma digital).

-Que el portal sea también un punto de comercialización. Para asegurar la cobertura de los distintos modelos de negocio, se propone utilizar los derechos definidos en el estándar MPEG-21 Media value chain ontology (MVCO).

-Conveniencia de que los usuarios y compradores potenciales estén registrados en el sistema.

-El sistema debería permitir que el titular de derechos pueda realizar ofertas a conjuntos limitados de usuarios (por ejemplo, ofertas especiales a clientes habituales).

En esta onda, han sido realizados dos prototipos de sistemas de registro y comercialización de contenido realizados por el grupo de investigación DMAG (Distribuited Multimedia Applications Group), del Departamento de Arquitectura Informática de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Se trata de Musiteca (para contenidos musicales) y IPOD-DS (que no aparece limitada a un tipo de contenido concreto). Ambas plataformas no son incompatibles con la gestión colectiva, incluso permiten una comunicación con las mismas cuando se comercie con alguna obra que gestionen.

Como veis, los derechos de autor es una materia bien complicada y el texto que hoy he traído aquí nos ilustra sobre su dificultad aún mayor en Internet. Desde luego, esto es sólo un resumen y os invito a consultar el articulo original, que es de gran interés.

Nota1: texto original encontrado en E-LIS: Torres-Padrosa, Víctor ; Delgado-Mercé, Jaime. “Alternativas para la autogestión de los derechos de autor en el mundo digital”. El profesional de la información, Vol. 69, pp. 61-69.

LUNES 24 DE ENERO DE 2011

Externalizando... que es gerundio

El tema económico comienza a ser un poco cansino pero, lamentablemente, no deja de ser el pan nuestro de cada día en los últimos años. También en la administración pública y en los presupuestos bibliotecarios.

Los problemas económicos, como no podía ser de otra manera, son una gran preocupación de los responsables públicos, ya que están limitando las posibilidades de seguir ofreciendo los servicios públicos que hasta ahora se ofrecen.

Tratar de conseguir lo mismo (o más) con menos es el objetivo de los dirigentes. Un objetivo loable que sorprende que sólo se haya planteado ahora que han llegado las vacas flacas. ¿Por qué no se planteó cuando parecían sobrar los recursos?

Aparte de esta pregunta, también hay que plantear si consideramos aceptable el aumento de la eficiencia en la aplicación de los recursos a cualquier precio.

Como ejemplo reciente tenemos la inauguración de la nueva biblioteca pública estatal de Ciudad Real (1), que se ha convertido en una de las más grandes del país. Se trata de una instalación de la que sólo podemos felicitarnos.
Sin embargo, justo el día anterior aparecía en varios medios que el sindicato CSI-F (2) acusaba a la Junta de Castilla-La Mancha de que pretendía realizar la contratación del personal de la nueva biblioteca a través de la Fundación Cultura y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura. De este modo, CSI-F asegura que las contrataciones del personal de la nueva instalación no pasarían por el control de la Consejería de Economía, así como liberalizaría las condiciones de contratación.

Libre de todo rumor parece ser la privatización de la biblioteca José Manuel Lara recién inaugurada en

Alcalá de Guadaira (3). Lo que nos hace ver que estas prácticas de contratación se están generalizando.

Resulta complicado comprender que un servicio público, por tanto financiado con dinero público, sea gestionado por empresas privadas.

Cualquiera de nosotr@s podría pensar que si se ahorra dinero y se sigue ofreciendo el mismo servicio, con la misma calidad, todo está perfecto.

Quizá se ahorre dinero, ignoro realmente en qué medida. Sin embargo, debemos tener en cuenta también las dificultades que puede suponer los cambios de empresa gestionadora del personal en la concesión del servicio bibliotecario.

Tampoco le damos importancia a la degradación de las condiciones laborales. La única manera que se encuentra para reducir los costes es disminuyendo los salarios. No cabe duda de que es la medida más efectiva a corto plazo. Al mismo tiempo que supone un empobrecimiento de la mayor parte de los habitantes.

Parece que ahora el empeoramiento del mercado laboral también tiene que afectar a los trabajadores públicos, presentes y futuros. Hace poco aparecía la noticia de que el sueldo medio de éstos era superior a los trabajadores privados. Ya nadie se acuerda cuando hace sólo cuatro años se decía que los funcionarios eran los "tontos de la feria", mientras se ganaba un dineral en el sector de la construcción.

La cuestión principal es si estamos dispuestos a aceptar unos servicios públicos gestionados por empresas privadas, de manera que se conviertan en un negocio. Lo que nos lleva a cuestionarnos donde está el límite de la privatización (que, a fin de cuentas, es lo que viene a ser la externalización). Nos parece aceptable privatizar las bibliotecas ; y porque no vamos más allá, la educación, la sanidad, la seguridad pública ... ¿hasta dónde llegamos, dónde colocamos la línea roja?

Quizá lleguemos a la conclusión de que da igual lo que pensemos l@sciudadan@s, si luego quienes parten el bacalao son las grandes empresas y las grandes fortunas. El ejemplo de David Cameron, primer ministro del Reino Unido, es sintomático: no es capaz de eliminar los grandes bonus a los banqueros (4) (7000 millones de libras piensan repartirse este año), entre ellos a directivos de bancos como el Royal Bank of Scotland que tuvo que ser rescatado con dinero público, pero si puede despedir a 500000 empleados públicos y realizar importantes recortes en educación y sanidad.

Curiosa vara de medir que también se está aplicando en nuestro país. ¿Realmente creemos que hay líneas rojas en la privatización de los servicios públicos? ¿Qué opináis?

Nota1: noticia aparecida en ABC el 23 de diciembre de 2010.

Nota2: información aparecida en Miciudadreal.es el 21 de diciembre de 2010.

Nota3: noticia aparecida en Sevilla Actualidad el 18 de diciembre de 2010.

Nota4: información aparecida en El País el 10 de enero de 2010.

LUNES 27 DE DICIEMBRE DE 2010

La Agencia Española del ISBN: tratando de descifrar su privatización

El Gobierno de España, al igual que el de otros muchos países, ha iniciado una serie de privatizaciones de entidades del sector público con el objetivo de reducir el volumen del déficit público que está lastrando a nuestro país (y con ello a las empresas españolas) a la hora de conseguir financiación en los mercados internacionales. La privatizaciones parciales de AENA y de Loterias del Estado han sido las grandes protagonistras del nuevo paquete de medidas del Ejecutivo del Presidente Rodríguez Zapatero, por su peso en la economía del país, por su rentabilidad y porque su venta al sector privado puede reportar unos 14000 millones de euros al erario público.

Sin embargo, ha habido un privatización que ha pasado casi desapercibida en los medios de comunicación y, por ende, para la opinión pública, pero que es de crucial importancia en el mundo del libro: la privatización de la Agencia Española del ISBN. Voy a tratar de descifrar qué consecuencias acarrea esta medida.

Tal y como aparece en los medios, la Agencia Española del ISBN se remonta a 1972, cuando su gestión fue concedida por la agencia internacional del ISBN, con sede en Londres. Por aquel entonces, el ISBN (International Standard Book Number) ya era una norma ISO, la ISO 2108 desde 1970. La Agencia Española del ISBN era de carácter público, y el gobierno franquista lo hizo así para poder controlar las publicaciones y ejercer un papel censor.

Una vez pasada la dictadura, y habiendo llegado la democracia a España con la Constitución de 1978, la Agencia Española del ISBN siguió siendo pública, hasta la actualidad, desde luego ya sin ejercer ninguna función censora, sino simplemente la de proporcionar un "DNI" a los libros.

¿Por qué entonces privatizarla? Según la FGEE (Federación de Gremios de Editores Españoles) se trata de normalizar su situación, ya que en los demás países las agencias son gestionadas por las asociaciones de editores y sus catálogos del ISBN tienen un carácter comercial. Este aspecto es cierto. No hay más que ver el Portal de la Agencia internacional de la Agencia del ISSN, que no es de consulta pública. Su base de datos, en principio, sólo puede ser consultada por los profesionales del sector así como por sus clientes (caso de las bibliotecas públicas), y el acceso a la misma es de pago. Por ejemplo, para la consulta desde un único ordenador, con autenticación IP, hay que pagar 830 euros. Y para el acceso Z.39.50 desde un único ordenador, con autenticación IP, hay que ingresar 1040 euros. (La lista de precios la tenéis en este enlace). Lo mismo sucede con el catálogo de publicaciones periódicas Ulrichweb, realizado por Serials Solutions.

Por tanto, las editoriales están reclamando algo que consideran que es suyo, como sucede en el resto de países. Sin embargo, lo que hemos comentado en el anterior párrafo sólo se refiere al acceso a la base de datos (que hasta ahora en nuestro país es gratuito). También hay que tener en cuenta el coste de la obtención de un número ISBN. Hasta el 1 de julio de 2011 seguirá siendo gratuito. A partir de entonces, habrá que pagar por ello. La FGEE afirma que conseguir el ISBN no tendrá un coste significativo, sólo unos tres euros por número. En cualquier caso muy lejos de los 160 euros que pueden llegar a cobrarse por un sólo número de ISBN, o de los 54 euros que se cobran al editor que solicita por primera vez un ISBN.

Ya se sabe que, al igual que en otros servicios como la luz, el transporte público, etc., se comienza con muy buenas intenciones y luego nadie se acuerda de ellas y los precios crecen como levadura. Pero si sólo se tratase de 3 euros, al multiplicarlos por 75000 publicaciones anuales (en otros medios se habla de 95000), tendríamos unos ingresos anuales de 2,25 millones de euros. No sé cuáles serán los costes de seguir realizando el catálogo del ISBN español, pero parece que se trata de una interesante cantidad.

Hay detractores entre los propios editores a esta privatización. Es el caso de Jorge Ruiz, responsable de la editorial Sirius, que considera que cualquier privatización innecesaria le parece una mala noticia. Además de que deja abierto el camino a posteriores cobros, como por consulta o a excesivos costes para la obtención de un ISBN como hemos comentado anteriormente.

Además, el responsable de Sirius señala el posible interés de los gremios editoriales de tratar poner obstáculos a la autoedición con la privatización de la agencia española del ISBN. O quizá de, al menos, lograr unos ingresos por las autoediciones de autores noveles que se realizan a través de Bubok o Lulu. De hecho, los costes de conseguir un número de ISBN para las personas que se autopublican serán algo superiores a los 3 euros ya que según afirma Miguel Jiménez (actual director de la Agencia Española del ISBN) los auto-editores requieren de una mayor atención ya que desconocen inicialmente el funcionamiento del sistema, algo que no ocurre con las editoriales.

No se trata de una arista menor de este problema, ya que el ISBN es elemento indispensable para que una obra pueda ser comercializada en grandes superficies, o disponible en las bibliotecas públicas y, claro está, para que esté presente en la mayor base de datos de libros del mundo, la del ISBN.

Así mismo, ha de tenerse en cuenta una cuestión en absoluto baladí: las distintas versiones de una misma obra requieren de diferentes ISBNs, con lo que se requieren diferentes ISBNs para los formatos de tapa dura, bolsillo, librino (aparecido recientemente), a lo que hay que añadir los diversos formatos electrónicos.

Con todos estos datos, y a falta de seguro otros muchos que desconozco, la privatización de la Agencia Española del ISBN parece una concesión a las editoriales españolas en estos tiempos de crisis. Más aún sabiendo que el Estado ha conseguido con su privatización menos de un millón de euros.

El debate sobre si el peso del sector público ha de ser mayor o menor va a ser eterno, y se agudiza en tiempos de crisis. Mas no deja de ser curioso (quizá sea sólo una casualidad) que el último informe de la prestigiosa Consultora internacional KPMG tenga como portada un lobo. Un lobo que parece seguir el rastro de un alce cansado y herido (el sector público) tras un largo invierno frío, y que sólo espera a que su presa se desgaste un poco más para asestarle un ataque mortal. Porque tratándose de una empresa privada, no resulta extraño que KPMG aconseje que el sector público externalice parte de sus servicios públicos a empresas privadas como la mejor medida para no sólo reducir los gastos, sino también para mejorar la eficiencia.

Como vemos, la privatización de la Agencia Española del ISBN trasciende su propio ámbito y tiene un mayor calado y trascendencia. Sin embargo, sólo sus consecuencias en el sector editorial y del libro ya merecen toda nuestra atención y será muy interesante ver cómo evoluciona el funcionamiento de la Agencia.

Espero vuestras opiniones. Un saludo cordial. ¡Feliz Navidad!

Nota: he utilizado como fuentes de este artículo las noticias aparecidas en Cinco Días (escrita por Julián Díez), en El Mundo (escrita por L.G.), elúltimo informe de KPMG "Situación de país-España "(realizado por Cándido S. Pérez Serrano) y la lista de precios de las suscripciones anualesdel ISSN International Centre.