jueves, 2 de agosto de 2012

Chocolates en el IMSS


CREDITO: 
Alberto Aguirre M.
Aunque quisiera, ningún funcionario del gobierno calderonista pudo evitar que los administradores de la empresa Promeca -la filial mexicana de Orthofix, una fabricante italiana de prótesis médicas- desmantelaran su cuartel general en el DF.
Desde hace medio año que están vacíos los libreros de madera, empotrados en los muros blancos en las dos plantas del local que se ubica en un tramo de la avenida Doctor Vértiz, de la colonia Letrán-Del Valle. Nada quedó dentro de los tres privados o en la Sala de Juntas de las oficinas, de 240 metros cuadrados, que serían “perfectas para escuela de idiomas” y cuya renta asciende a 30,000 pesos mensuales, de acuerdo con corredores inmobiliarios que la ofertan actualmente, sin saber que allí ocurrió uno de los fraudes más escandalosos de las épocas recientes.
Hace una semana se hizo público el lado foráneo de este escándalo, luego de que Orthofix International aceptara pagar 5.2 millones de dólares a la Securities and Exchange Commission (SEC) y adicionalmente fuera sancionada con una multa por 2.2 millones de dólares por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de que presentara en una Corte del Distrito Este de Texas una causa judicial para investigar el pago de mordidas a funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
No sólo se trató de sobornos en efectivo para funcionarios de la división y la Coordinación Técnica de Bienes Terapéuticos, así como de la Coordinación de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS, sino también de la entrega de electrodomésticos, laptops y otros artículos de lujo a los oficiales mexicanos, ya fuera de manera directa o a través de fachadas, que le permitieron multiplicar por 90 sus ingresos, en un lapso de apenas 10 años.
La sanción impuesta por la SEC a la farmacéutica trató de ser equivalente a los 56.1 millones de pesos obtenidos por Promeca en el periodo 2009-2010, por los contratos que obtuvieron en las licitaciones internacionales convocadas por el IMSS para la adquisición de bienes de consumo de uso terapéutico. De acuerdo con fuentes familiarizadas con esas asignaciones, la penalización para la compañía mexicana es exigua dado el favoritismo que gozaron durante las últimas tres administraciones del IMSS, incluida la actual. Tan sólo en el 2010 recibieron 8.1 millones de pesos por la asignación de al menos 25 partidas derivadas de la adjudicación de diversos contratos.
Fundada en 1994, Promeca obtuvo la representación de Orthofix y se integró al padrón de proveedores del IMSS en el 2002. Ese primer año obtuvo ingresos que apenas rebasaron los 650,000 pesos, según la información disponible en la base de datos de Compranet.
Con oficinas el DF, Monterrey, Guadalajara, Veracruz y Mérida, y una red de distribuidores que se extendía a Chihuahua, Hermosillo, Tijuana y San Luis Potosí, la empresa tuvo un auge bajo la dirección del abogado Arturo Alberto Soto Cabrera.
Este periodo coincidió con la segunda fase de un programa del IMSS para adquirir material de clavos, tornillos, alambres, agujas, pines y otros dispositivos que se implantan quirúrgicamente para tratar fracturas, así como las placas destinadas a remplazar huesos o articulaciones.
De una etapa previa, en la que establecieron convenios y se contrataron licitaciones con fabricantes mexicanos, se pasó a un periodo en el que las compras se realizaron de manera desconcentrada: primero a las direcciones regionales y posteriormente a cada unidad médica compradora, bajo un esquema denominado “inventario cero”. El IMSS no cuenta con piezas embodegadas y las existencias disponibles en los hospitales son propiedad del proveedor, quien las puso en consignación.
Para el 2008, el IMSS tenía en la Dirección General a Juan Molinar Horcasitas. Y para la adquisición de esos insumos se aplicaría otro esquema: compras “consolidadas” a cargo de una Unidad Médica de Alta Especialidad, de la que saldrían las piezas que cubrirían las necesidades de abasto de 35 delegaciones y 15 centros hospitalarios.
La primera compra consolidada estuvo a cargo del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Magdalena de las Salinas y para mayo del 2012 la convocante fue el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla, con el apoyo de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS. Ese contrato, por 48 millones de pesos, fue asignado a Promeca.
Ese esquema operó nuevamente en julio del 2010, cuando se convocó a la licitación internacional 00641321-011-10, pero se canceló antes de realizarse la presentación de propuestas, ante quejas por favoritismos y denuncias veladas por corrupción.
Dos meses después, el IMSS lanzó una nueva convocatoria para una licitación internacional para la adquisición del material. Esta vez, la entidad convocante fue el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, Estado de México.
Entonces, al menos cinco empresas denunciaron públicamente que se estaba “favoreciendo sólo a un proveedor”. Y es que dos aparatos -un cabezal para correcciones angulares y una rótula artificial- sólo eran fabricados por Orthofix y comercializados por Promeca, cuyo representante legal era entonces Héctor Manuel Dzib y Sosa.
Sus contrapartes en el IMSS eran María Elena Mondragón Galicia, Coordinadora de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como Óscar Arellano, Coordinador Técnico, y Magdalena Leal González, titular de División, ambos del área de de Bienes Terapéuticos

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